Polémica en Colombia por decreto que impone medidas que aparecen en reforma a la salud que aún no han sido aprobadas por el Congreso
Una nueva polémica surgió alrededor del Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro tras la firma de un decreto de salud que ha desatado varias críticas pues impone varios puntos clave de la muy cuestionada reforma a la salud sin que esta haya sido aprobada por el Congreso Nacional.
La reforma estructural que busca transformar casi por completo el sistema de salud colombiano, cabe resaltar, aún no ha superado su tercer debate legislativo en el Senado de la República.
El anuncio del Decreto 0858 se hizo en altas horas de la noche del miércoles y varios sectores políticos lo calificaron de "retador" luego de la elección de Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado en la Cámara Alta.
Pinto ha sido calificado por Petro como su "enemigo" pues ha venido liderando desde otros escenarios algunos 'hundimientos' como el de la reforma a la salud 1.0 y la laboral.
Una vez se nombró a Pinto como presidente de la comisión, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que el gobierno estaba dispuesto a llegar a algún acuerdo para que el proyecto saliera adelante, no obstante, horas después se anunció el decreto.
El acto administrativo, entretanto, busca hacer cambios sustanciales en la parte "preventiva" de la atención en salud, así como el modo en el que se van a girar los recursos para el pago de las entidades promotoras del sistema, que actualmente en Colombia se conocen como EPS.
Otra de las controversias alrededor del decreto es que le da la potestad a alcaldes y gobernadores para que puedan decidir en cuanto a la dirección de hospitales y clínicas en sus regiones, justamente cuando el país entra en un periodo electoral.
La reforma ha sido calificada por varios como "inconveniente para el sistema" pues no soluciona problemas de algunos colombianos como la falta oportuna de atención, la entrega de medicamentos para enfermedades de alto costo y las deudas que tiene el Estado con las empresas que han venido prestando el servicio de salud en la actual administración.
"Ya no va a ser, por ejemplo, una buena EPS como Sura, la que defina a qué clínica o a qué hospital puede ir un paciente o su familia, sino que va a ser el alcalde o el gobernador de turno", dijo Andrés Forero, representante a la Cámara por el partido del Centro Democrático.
Para Forero, el decreto plantea un reto financiero, pues, aunque hoy no "están alcanzando los recursos" para los tratamientos de mediana y alta complejidad, se está pretendiendo que los activos se destinen a "la politiquería" de los equipos básicos en salud.
"Ante este despropósito anunciamos que vamos a demandar este decreto porque no vamos a permitir que se salten 'a la torera' al congreso de Colombia y a las leyes del país", advirtió.
Otros congresistas, por su parte, afirman que el decreto no sustituye el debate, aunque sí acoge algunos de los aspectos incluidos en el proyecto.
"Si bien parte de estos aspectos se contemplan en la reforma a la salud, es importante que en el congreso podamos avanzar en un cambio en el sistema", sostuvo Fabián Díaz, senador del partido Alianza Verde.
Para Martha Peralta, senadora del partido Pacto Histórico, "con este decreto, tengo que aclarar, no se suspende ni se elimina el debate democrático que debe surtirse en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud".
