Provea desnuda el "limbo jurídico" de venezolanos en Colombia: "Avances han sido desmantelados por Petro"
En su informe"Petro y el limbo migrante: Situación de derechos humanos de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia", la organización de derechos humanos Provea, expone la vulnerabilidad jurídica de esta población en el vecino país desde que gobierna Gustavo Petro.
La organización que documenta graves violaciones de derechos humanos denuncia el cierre de mecanismos de regularización, desconocimiento del derecho al refugio, reducción de la cooperación internacional y falta de protección a personas perseguidas por motivos políticos agravan aún más la situación de vulnerabilidad.
El nuevo informe publicado por PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) documenta cómo las decisiones recientes del gobierno colombiano, sumadas al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la caída de la cooperación internacional, han debilitado la respuesta estatal y dejado sin protección a quienes huyen de la crisis venezolana, incluso en casos que requieren protección internacional urgente.
Colombia sigue siendo el principal país receptor de población venezolana en situación de movilidad.
Desde 2015, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera buscando protección, empleo y condiciones dignas de vida. "Sin embargo, los avances logrados en los primeros años en materia de regularización e integración han sido progresivamente desmantelados. Hoy, miles de personas permanecen en un limbo jurídico, sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo", destaca el documento.
Además revela que durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, "fueron eliminadas instancias clave como la Gerencia de Fronteras (adscrita a la presidencia) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), paso fundamental para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) ofrecido bajo el Estatuto Temporal de Protección. Desde entonces, no se han creado mecanismos generales de regularización para quienes han ingresado al país a partir de junio de 2023".
"Aunque existen figuras como el PEP Tutor y la visa Visitante Especial, su alcance es limitado, exigen requisitos difíciles de cumplir y no están acompañadas de campañas informativas. La falta de continuidad en la política migratoria ha generado desinformación, retrasos y mayores obstáculos para que las personas migrantes puedan acceder a derechos básicos como la salud o regularizar su estatus".
La ONG exhorta al Estado colombiano a:
Reactivar la vigencia del PPT a quienes permanecieron fuera del territorio colombiano por encima del plazo estipulado y que se encuentran en un proceso de migración inversa.
Diseñar un plan de regularización permanente que evolucione desde el ETPV hacia opciones de residencia definitiva para migrantes y refugiados venezolanos con arraigo en Colombia.
Eliminar las barreras administrativas mediante campañas de información y asistencia en zonas de alta concentración migratoria.
Realizar una revisión exhaustiva de la actual Política Integral Migratoria, a fin de dar prioridad a los derechos humanos, la inclusión social y el acceso a servicios básicos.
Agilizar los procesos de determinación de la condición de refugiado y dar a conocer los tiempos límites para decidir y los criterios de priorización por aplicar, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-543 de 2023.
Diversificar el financiamiento exterior, estableciendo alianzas con otros países, organismos multilaterales y el sector privado.
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias con asesoría técnica, financiera y estratégica para asegurar la continuidad de servicios sociales, médicos e integración.
