Venezolanos en el exilio piden a la justicia de Estados Unidos imputar a Nicolás Maduro por tortura: presentaron denuncia penal federal
Venezolanos en el exilio presentaron en Estados Unidos una denuncia penal formal en la que piden al Departamento de Justicia la apertura de una investigación criminal federal contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por tortura y crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, que podría marcar un precedente para otras víctimas del chavismo, se basa en leyes federales y tratados internacionales, con el objetivo de que la justicia de Estados Unidos investigue hechos ocurridos en Venezuela.
NTN24 obtuvo el documento legal y dialogó con Villcar Fernández, ex preso político y uno de los demandantes, quien como víctima directa apuntó a Maduro como responsable de sus torturas.
“Nicolás Maduro debe ser juzgado por tortura también (...) No solo somos nosotros, sino que estamos recolectando y estamos consiguiendo la mayor cantidad de víctimas que se puedan adherir a este documento para sumar y que tenga mayor fuerza (...) y que no solo sean solo los cargos por los que lo están juzgado, sino que además la Fiscalía en los Estados Unidos tenga un nuevo cargo que es el cargo por tortura”, señaló.
Entre los puntos más relevantes del escrito destaca que Estados Unidos sí tiene jurisdicción legal para investigar estos crímenes, incluso si ocurrieron fuera del país.
Y es que la denuncia tiene como base la Ley Federal contra la Tortura, que permite juzgar este delito aunque haya ocurrido en otro país, si el acusado está bajo jurisdicción de EE. UU. Además, se apoya en la Convención contra la Tortura de la ONU, que obliga a los Estados a juzgar o extraditar a acusados de tortura.
De acuerdo con el recurso, el hecho de que Maduro esté detenido en Estado Unidos tras ser capturado el pasado 3 de enero en Caracas, activa tal competencia legal.
Otro punto importante es que la acusación no se limita a abusos aislados, pues el documento sostiene que la tortura fue una política de Estado, ejecutada por organismos como: el SEBIN, la DGCIM, fuerzas policiales y militares y colectivos armados.
La denuncia se sustenta en informes del Departamento de Estado de EE. UU., reportes de la ONU, el Informe Bachelet, documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y registros de organizaciones como CASLA, Foro Penal y Provea.
