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Este lunes 1 de diciembre, durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina en Caracas.

El Fiscal Adjunto, Mame Mandiaye Niang, informó que no hubo "progreso real" en los esfuerzos de complementariedad y que, ante la falta de resultados concretos, la oficina cesará sus actividades.

Sin embargo, el régimen replicó que luego de siete meses de inaugurada la oficina, la Fiscalía de la CPI no designó personal, con lo cual los acusa de "desatender" los asuntos en los que se comprometieron ambas partes durante la firma de dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta.

Además el régimen niega que haya cometido crímenes de lesa humanidad, como debía constatar "in situ" la Fiscalía de la CPI, aunque la investigación continúa.

En el comunicado, el régimen venezolano "rechaza" las declaraciones del Fiscal Mame Mandiaye Niang, y asegura que Venezuela "ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Fiscalía".

"Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos", dice el comunicado.

"La Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país. Sin embargo, no mostró el más mínimo compromiso. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos."

El régimen de Maduro, por el contrario exigió a la Fiscalía de la CPI que se pronuncie sobre la demanda por el "brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano. El silencio de la CPI ha sido abrumador", sentencia.

Además acusó a la Corte de pretender ejecutar una "fórmula de colonialismo jurídico" con fines políticos.

Entretanto, la ONG Provea, advirtió este martes que la oficina instalada en Caracas en 2023 nunca tuvo facultades para investigar. "Su función era prestar asistencia técnica y acompañar la adecuación de las normas e instituciones venezolanas al Estatuto de Roma, con el objetivo de que los crímenes denunciados pudieran ser investigados por el propio Estado".

Y denunció además: "El funcionamiento de la oficina también estuvo rodeado de opacidad. Su creación se formalizó mediante un memorando de entendimiento confidencial y, durante dos años, solo se conocieron referencias mínimas en los informes anuales del Fiscal. No hubo información detallada sobre las actividades realizadas ni participación de la sociedad civil en procesos que buscaban transformar políticas públicas de justicia".