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"Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas", fue el anuncio emitido este lunes por Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional.

La Fiscalía detalló que el cierre de la oficina en Venezuela responde a la falta de progreso en materia de "complementariedad", al considerar que pese a los compromisos adquiridos en su apertura en 2024, ha sido un reto investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa al régimen de Nicolás Maduro.

El 9 de junio del 2023 Maduro y el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento donde se acordó la creación de ese espacio encargado de averiguar la acusación antes de que intervenga el tribunal de la CPI.

Sin embargo, el fiscal adjunto aclaró que la investigación continuará activa, pero será dirigida por el equipo de fiscales desde La Haya.

Desde 2018 que se inició el proceso de solicitud de la investigación, el chavismo la alega que se debe respetar el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

Aunque el régimen venezolano ha intentado frenar el caso, alegando que realizan investigaciones internas, la CPI rechazó ese argumento y en 2023 dio luz verde para la reanudación de las pesquisas.