"La situación es muy grave y merece que el Gobierno de EE. UU. la conozca": gobernador Andrés Julián Rendón ante suspensión de órdenes de captura de 23 criminales por resolución de Petro
El gobierno de Gustavo Petro ordenó la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, una medida que ha generado rechazo de autoridades locales y candidatos presidenciales en medio de la campaña electoral en Colombia.
La resolución del 27 de marzo, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, argumenta que los beneficiados "demuestran una voluntad genuina de tránsito hacia el Estado de Derecho" y busca facilitar su participación en mesas de negociación del proceso denominado "paz total". La suspensión aplica en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y, cuando sea necesario, en Bogotá para asistir a reuniones.
Entre los 23 criminales beneficiados se encuentran miembros de la llamada Oficina de Envigado, considerada una de las bandas más peligrosas de Colombia. Destacan Juan Carlos Mesa, alias "Tom", cabecilla que desde prisión habría ordenado homicidios, extorsiones y tráfico de drogas; José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas"; y Freiner Alonso Ramírez, alias "Carlos Pesebre", vinculado al asesinato de la defensora de derechos humanos Judit Vergara Correa.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la decisión como "peligrosa" y advirtió que "pone en riesgo el proceso electoral en Antioquia". "Estos 23 criminales son los principales perpetradores de toda suerte de violencia, de homicidios, de torturas, de desplazamientos, de extorsiones, de secuestros que aquejaron durante lustros al Valle de Aburrá", declaró Rendón en entrevista con NTN24.
El gobernador anunció que presentará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y que pondrá en conocimiento del gobierno de Estados Unidos el prontuario delictivo de los beneficiados. "¿Quién nos devuelve a Miguel por cuenta de esta contemporización que ha hecho permanente Petro con el crimen?", cuestionó Rendón, en referencia al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 presuntamente por orden de un jefe narco disidente de las FARC beneficiado previamente por el gobierno.
“¿Cuál es el afán de contemporizar con el crimen, de querer arrodillar a todas las instituciones, a distintas estructuras? ¿Qué tiene que hacer un gobierno nacional negociando con 23 criminales, la mayoría de ellos ya condenados, vencidos en juicio por toda la institucionalidad en su conjunto, no solo por uniformados, sino por jueces y fiscales?”, dijo Rendón.
“Nosotros le hemos hecho conocer de las particularidades del prontuario delictivo de todos estos bandidos al gobierno americano. Lo vamos a ampliar en los días que están por venir. Y el próximo lunes de Pascua vamos conjuntamente con los diez alcaldes del área metropolitana, desde Río Negro, a presentar ante el Consejo de Estado una acción de nulidad por la falsa motivación que le asiste a esta resolución, que excarcela temporalmente con una jurisdicción limitada, sí, pero que que representa el 70% del conglomerado urbano del departamento a 23 criminales de alta peligrosidad”, agregó.
“La situación es muy grave y merece que el Gobierno de Estados Unidos, que ha estado tan atento al cumplimiento de los compromisos de Petro en el marco de la lucha contra el narcotráfico, conozca en detalle qué es lo que está pasando”, subrayó.
