Grupo de la ONU pide liberar al expresidente peruano Pedro Castillo y asegura que deben indemnizarlo
Un informe de un grupo de expertos, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, puso en el centro de la política peruana un asunto que divide al país: la posible liberación del expresidente Pedro Castillo.
Según el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se concluyó que el expresidente fue detenido de manera “arbitraria” tras el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, recomendó al Estado peruano ponerlo en libertad de manera inmediata, otorgarle una indemnización e investigar las irregularidades detectadas durante el proceso.
El documento, de 19 páginas, indica que la privación de la libertad de Castillo careció de base legal y que durante el proceso no se respetaron las garantías del debido proceso. Según estos expertos, el Estado peruano vulneró los derechos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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"El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación". Asimismo, indica que "el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".
Del mismo modo, los especialistas sostienen que la captura no cumplió con la legislación peruana y argumentan que un presidente no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, trámite que se completó cinco días después.
Asimismo, cuestionan que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una autoridad judicial independiente.
Aunque sus conclusiones no tienen carácter vinculante, el informe ha removido el escenario político.
Finalmente, cabe recordar que la mañana del 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo apareció frente a las cámaras con un papel entre las manos. Leyó un Mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema de justicia.
El discurso duró apenas unos minutos. Las Fuerzas Armadas desconocieron el anuncio, los ministros empezaron a renunciar y el intento de quiebre constitucional terminó derrumbándose antes de convertirse en un golpe de Estado efectivo.
Luego, mientras se dirigía hacia la Embajada de México, Castillo fue detenido. Esa misma tarde, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente. Desde entonces permanece recluido en el penal de Barbadillo, una cárcel reservada para expresidentes.
