¿Qué implica la nueva alerta migratoria de Donald Trump contra nacionalizados y ciudadanos por nacimiento en los Estados Unidos?
Como parte de su dura política migratoria, la administración del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ya no solo apunta contra migrantes indocumentados, sino ahora también a quienes quienes ya han conseguido la nacionalidad estadounidense e incluso a aquellos nacidos en el país.
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El mandatario ordenó en los últimos días al Departamento de Justicia priorizar la desnaturalización, es decir, revocar la ciudadanía de ciertos grupos de inmigrantes.
La medida entonces ampliaría su alcance no sólo a extranjeros en situación irregular, sino también a residentes permanentes legales y ciudadanos naturalizados.
Para analizar las implicaciones de este tema, Álex Gálvez, abogado especialista en migración, se conectó virtualmente al programa La Tarde de NTN24.
Gálvez especificó que Trump "está utilizando todas las herramientas a su disposición para poder efectuar deportaciones masivas y eso no solamente a los indocumentados, sino también a los residentes permanentes y también a los que se naturalizaron en ciudadanía por nacimiento de papás indocumentados".
El abogado aseguró que la Corte Suprema aún no ha dado un fallo final respecto a la ciudadanía por nacimiento, pues se trata de una iniciativa protegida por el lenguaje llano de la 14ª Enmienda de la constitución.
"También se escucharon noticias acerca de que el presidente va a expandir el departamento de desnaturalización", contó Gálvez, que dijo que en la administración de Joe Biden dicho departamento no había tenido mucho movimiento.
La desnaturalización, cabe resaltar, es un proceso que consiste en la pérdida de la ciudadanía estadounidense obtenida por un extranjero a través de un proceso de justamente de "naturalización".
Los 10 criterios para iniciar un proceso de desnaturalización entregados por Trump a la División Civil del departamento de justicia son:
- Personas que representen un peligro potencial para la seguridad nacional, incluidos aquellos con vínculos con el terrorismo, el espionaje y la exportación ilegal de bienes, tecnología e información sensible desde Estados Unidos.
- Sospechosos de tortura, crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos.
- Relacionados con organizaciones criminales transnacionales y cárteles de la droga.
- Aquellos que cometieron delitos graves sin haberlo revelado durante el proceso de obtención de la ciudadanía.
- Implicados en trata de personas, delitos sexuales o actos violentos.
- Participantes en "fraude financiero contra Estados Unidos", como el programa de protección de nóminas, el Medicaid o el Medicare.
- Responsables de fraudes financieros contra particulares, fondos y corporaciones.
- Naturalizados por corrupción gubernamental, fraude o tergiversaciones.
- Casos remitidos por la fiscalía o relacionados con cargos penales pendientes.
- Cualquier caso remitido por la División Civil del Departamento de Justicia que se considere lo suficientemente importante como para ser investigado, aunque según el documento estas categorías no limitan la capacidad para investigar casos de otra naturaleza.
