Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá: la pista del vehículo que podría cambiar el rumbo de la investigación
El pasado 13 de octubre, dos activistas venezolanos fueron víctimas de un ataque armado en el norte de Bogotá, en el barrio Cedritos, un hecho que ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad migrante.
Una de las víctimas, defensora de derechos humanos y solicitante de refugio en Colombia, fue gravemente herida junto a su compañero, el analista político Luis Alejandro Peche Arteaga.
Según las primeras investigaciones, los sicarios se movilizaban en un Mazda 626 que fue abandonado minutos después del ataque. El vehículo, que ya fue identificado por las autoridades, figura a nombre del empresario Jhon Jairo R.R., oriundo de Risaralda. En su interior se hallaron elementos que hoy son considerados claves para avanzar en el esclarecimiento del atentado.
Fuentes consultadas por El Tiempo revelaron que los peritos de la Fiscalía analizan las placas del automóvil, pues aún se debe determinar si son originales o gemelas, y si el propietario tenía conocimiento del uso del vehículo.
Además, las cámaras de seguridad permitieron rastrear el Mazda en varios puntos del país antes del atentado: Circasia (Quindío) y Cartago (Valle del Cauca) aparecen como lugares de tránsito registrados.
Las víctimas residían en un apartamento del edificio donde ocurrió el ataque, específicamente en el 504. Lo que pocos sabían es que los agresores estaban instalados en el mismo edificio, pero en el piso 204. Desde allí, según los reportes, habrían planeado el ataque.
Los investigadores analizan la posibilidad de que este hecho esté vinculado con otros ataques contra opositores venezolanos en el exterior, incluido el asesinato del militar exiliado Ronald Ojeda en Santiago de Chile, en el que se ha identificado la participación de una facción criminal que podría tener nexos regionales.
Tras conocerse el atentado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigió a las autoridades colombianas brindar garantías de seguridad para los activistas venezolanos en territorio nacional.
“Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”, declaró la dirigente.
Por ahora, las autoridades mantienen el caso bajo reserva mientras avanzan las labores de rastreo del Mazda 626 y la identificación plena de los responsables.
