Venezolano exige millonaria indemnización "en metálico" a la administración Trump por deportarlo a El Salvador
Un inmigrante venezolano dio el jueves el primer paso para demandar a la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos por 1,3 millones de dólares por "daños y perjuicios" causados por su detención en la 'megaprisión' para pandilleros de El Salvador a la que llegó señalado de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua.
Neiyerver Adrián León Rengel, barbero de 27 años, fue uno de los 252 inmigrantes venezolanos deportados y enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII contra los miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Fue liberado el 18 de julio en un intercambio entre Venezuela y Estados Unidos y ahora se encuentra en Caracas.
El Fondo para la Defensa de la Democracia (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han presentado una queja administrativa en su nombre contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), primer paso para emprender acciones legales.
"Vamos a llevar el caso directamente a un juez para presentar una demanda contra el presidente Donald Trump y toda su fuerza laboral", dijo León Rengel a AFP desde su casa en Venezuela.
"En todo este tiempo no hemos tenido noticias de nuestra familia. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Cómo vamos a recuperar todo lo que teníamos, todo lo que perdimos? ¿Cómo nos vamos a recuperar?", expresó.
León Rengel quiere la cancelación de sus antecedentes penales y también "algún otro tipo de indemnización (...) en metálico".
Exigió además que "deben pagar por lo que nos hicieron porque no fue justo el sufrimiento de mi madre y de mi hija", quienes viven en Venezuela.
León Rengel también indicó que "muchos" de sus compañeros presos "están pensando en sumarse a esta acción".
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a León Rengel el 13 de marzo, día de su cumpleaños, en el garaje de su piso en Irving (Texas), según la denuncia.
El inmigrante presentó documentación que acreditaba su condición de residente temporal y su cita migratoria prevista para 2028, pero los agentes consideraron que sus tatuajes eran prueba de pertenencia al Tren de Aragua.
"No es miembro de esa banda", insistieron los abogados, que calificaron su detención de "equivocada y negligente, sin justa causa" ni debido proceso legal.
"Le mintieron diciéndole que lo enviarían a su país", cuando en realidad, "por más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador", donde sufrió "maltrato físico, verbal y psicológico. No se podía hablar, reír ni hacer nada dentro de la celda porque todo era respondido con puñetazos y gritos", dijo León Rengel.
El trato que les daban en el lugar, de acuerdo con León Rengel, era "como animales, no es justo lo que nos hicieron y se van a lavar las manos como si nada".
En la acción, cabe resaltar, se detallan golpes en el pecho y en el estómago con puños y porras. Durante más de un mes, su familia desconoció su paradero, según el texto.
León Rengel, cuyo hermano y cónyuge siguen en Estados Unidos, formaba parte de un grupo de venezolanos "a los que un tribunal federal ordenó al Gobierno que no deportara ni devolviera si estaban en tránsito, orden que fue ignorada", según la denuncia.
"No hace falta ser constitucionalista para que el caso Rengel haga saltar las alarmas", dijo Norm Eisen, presidente del Democracy Defenders Fund, en un comunicado donde añadió que para un estadounidense que crea en la justicia, "este caso sería escandaloso. Detener y hacer desaparecer a alguien sin causa justificada ni acceso a recursos legales es ilegal y aborrecible".
El régimen venezolano dijo que sólo siete de sus 252 ciudadanos retornados tenían antecedentes penales. "Seré etiquetado por el resto de mi vida como un criminal, algo que no soy", sostuvo León Rengel.
