"Es un círculo de inconsistencias en lo político y lo moral": Andrés Felipe Castillo sobre caso de asambleísta acusado de violación en Ecuador
El gobierno de Ecuador anunció una recompensa de 100 mil dólares por información sobre el paradero del asambleísta Santiago Díaz, acusado por la presunta violación a una menor de 12 años de edad.
La Fiscalía General realizó tres allanamientos en Quito esta semana en los que recolectó documentos y dispositivos electrónicos como parte de la investigación.
Desde entonces, el paradero de Díaz, quien había anunciado que tomaría una licencia para demostrar su inocencia, es desconocido.
El asambleísta pertenecía a las filas de la Revolución Ciudadana, pero fue separado del correísmo y de su puesto en la Asamblea tras hacerse pública la denuncia en su contra.
Días antes de la acusación, Díaz había presentado un proyecto de ley bastante polémico para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años de edad.
Al respecto, Andrés Felipe Castillo Maldonado, asambleísta por el Partido Oficialista Acción Democrática Nacional, quien ha rechazado estas acusaciones de las que es protagonista Santiago Díaz.
“Lo que él hizo es presentar un proyecto de ley a partir del cual se redujera la edad para calificar el consentimiento de las relaciones sexuales de los adultos. Es decir, él dice que, hasta los 14 años, desde los 14 hasta los 18 años, ya el tema del consentimiento en una relación sexual es de carácter irrelevante, que ya no es relevante para una discusión, sino que había que incorporar una serie de parámetros para que un juez determine si es que esa relación sexual fue consentida o no”, dijo.
De acuerdo con Maldonado, no hay un solo caso en el Ecuador en el que un adolescente haya sido judicializado por haber sostenido relaciones sexuales con otro adolescente.
“Están buscándole el argumento para, desde otro punto de vista, pretender lavar esta decisión repugnante y perniciosa para los jóvenes del Ecuador”, afirmó.
“Esto es un círculo redondo de inconsistencias en lo político y en lo moral. Lastimosamente dentro de la constitución ecuatoriana y en la ley orgánica de la función legislativa para poder juzgar a tipos como estos hay que levantarles la inmunidad parlamentaria o dar desde la Asamblea la autorización de enjuiciamiento, pero esto no se puede hacer de oficio, tiene que ser a pedido del juzgador”, recalcó.
