Análisis sobre la acusación de EE. UU. contra funcionarios mexicanos vinculados con carteles
El pasado miércoles, la fiscalía federal de Nueva York inculpó por vínculos con el narcotráfico al gobernador del estado de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Frente a este tema y las implicaciones que esto podría tener en la relación entre los Estados Unidos y México, el programa Mesa de Periodistas de NTN24 habló con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Armando Guzmán, periodista internacional.
Para González, el caso de Rocha Moya, uno de los más sonados dentro de esta acusación, considera que en cuanto a la justicia mexicana “puede ser un proceso muy complicado, porque tiene que pasar por dos aduanas políticas, el Congreso Federal y el Congreso del Estado”.
No obstante, agregó: “Tampoco sabemos cómo se está cocinando eso en la Casa Blanca”.
Por su parte, Armando Guzmán manifiesta que el silencio del Departamento de Estado, de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia respecto a la acusación de los funcionarios mexicanos con los carteles y el narcotráfico podría trascender y tener un precedente en el Tratado Libre de Comercio entre los Estados Unidos y México, el cual se encuentra en revisión.
“Lo que sí nos podría pegar y nos podría doler mucho es la cuestión del libre comercio; eso en este momento nos haría un daño enorme si se utiliza este pretexto como para castigarnos con eso”, dijo Guzmán.
Entretanto, el director editorial de El Economista agregó que, aunque la integración con Estados Unidos, por medio del T-MEC, va a seguir, ya que “es un asunto muy grande para desactivarlo”, también es claro que “cada vez le vamos a ir colocando más cosas que tienen menos que ver con el libre comercio y que tienen que ver más con geopolítica”.
Frente al paso que debería dar México en este momento, ante una situación como esta, Luis Miguel González indicó que: "Uno de los pasos lógicos es revisar lo que firmaron en el 2018; hay un capítulo completo, el 27, que compromete a México a tomar una serie de medidas relacionadas con el combate a la corrupción y la transparencia (…) con el fin de evitar los conflictos de intereses".
