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La libertad en internet se redujo significativamente en Venezuela durante el último año analizado por la organización Freedom Hause, que publicó su informe en inglés.

El escrito refleja que las elecciones presidenciales de julio de 2024 y sus consecuencias, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor a pesar de las pruebas fehacientes de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo una victoria aplastante, se caracterizaron por una brutal campaña de represión contra los opositores al gobierno.

El régimen bloqueó sitios web de noticias independientes y plataformas de comunicación; llevó a cabo detenciones arbitrarias masivas, incluso por actividades en línea; manipuló el debate en internet mediante operaciones de influencia; e instó a los informantes a denunciar casos de disidencia a través de un mecanismo digital de quejas.

Reseña que lorganización no gubernamental (ONG) VE sin Filtro informó que más de 200 dominios fueron bloqueados entre julio de 2024 y enero de 2025, coincidiendo aproximadamente con el inicio de la campaña electoral y la controvertida investidura de Maduro.

Entre los sitios web bloqueados se encontraban aquellos creados por la oposición para publicar sus propios resultados electorales, que mostraban la victoria de González.

También se bloquearon herramientas para eludir la censura, así como plataformas de redes sociales y comunicación durante el periodo analizado.

A mayo de 2025, 61 sitios de noticias independientes, además de plataformas como X, Signal, YouTube, TikTok y Telegram, permanecían bloqueados.

Tras la fraudulenta victoria de Maduro, las autoridades lanzaron la “Operación Tun-Tun” (Operación Toc-Toc) para detener arbitrariamente en masa a presuntos disidentes. La campaña utilizó las redes sociales para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas con el fin de disuadir a los venezolanos de participar en protestas antigubernamentales o expresarse en línea.

Cuentas de redes sociales vinculadas al alto funcionario Diosdado Cabello también expusieron públicamente la información personal de muchos críticos.

El régimen de Maduro continuó manipulando el contenido en línea, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y sus consecuencias; la ONG Cazadores de Noticias Falsas calificó los esfuerzos de manipulación como “superiores a los de años anteriores”. Dichas operaciones incluyeron intentos de difamar y desacreditar a la oposición y el uso de comportamientos inauténticos coordinados para promover narrativas progubernamentales (B5).

En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Simón Bolívar. Entre otras disposiciones, esta ley imponía multas sustanciales a los medios digitales que «promovieran» medidas coercitivas o restrictivas contra Venezuela, y permitía la revocación de sus licencias de operación.

La ambigüedad de la ley generó preocupación, ya que los sitios de noticias podían ser sancionados simplemente por publicar información sobre sanciones internacionales. En agosto de 2024, el Congreso aprobó una ley que autorizaba al gobierno a disolver las ONG si se determinaba que promovían discursos de odio o fascismo definidos de manera imprecisa, o que participaban en actividades políticas.

La mayoría de los medios de comunicación que aún operan en el país —incluidos los digitales— están clasificados como ONG.

Tras las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro anunció una nueva función en VenApp, una aplicación estatal creada supuestamente para recibir y atender quejas sobre la gobernanza, que permitiría a los ciudadanos denunciar protestas políticas y otras expresiones de disidencia ante las autoridades.

Si bien Apple y Google retiraron la aplicación de sus tiendas, el gobierno y sus partidarios fomentaron el uso de otras plataformas digitales para informar sobre los manifestantes, y el archivo APK de VenApp para Android siguió estando disponible para su descarga.

Durante el periodo que abarca este estudio, numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar supuestas formas de disidencia en redes sociales.

Periodistas digitales también fueron detenidos. Algunas de las personas detenidas por sus actividades en línea fueron víctimas de desaparición forzada, como Carlos Correa, director ejecutivo de la organización defensora de la libertad de expresión Espacio Público, quien estuvo desaparecido durante ocho días antes de ser liberado en enero de 2025 .

Lea el informe completo AQUÍ.