Irán pidió a sus ciudadanos eliminar WhatsApp alegando que "comparte sus datos con Israel" y la aplicación respondió

Este miércoles, en medio de decenas de ataques entre Israel e Irán, la aplicación de mensajería más famosa del mundo, WhatsApp, respondió a una acusación del régimen de la nación islámica sobre una supuesta violación de los datos personales.
Según Irán, WhatsApp comparte los datos personales de sus usuarios iraníes con el gobierno de Israel, en medio del sexto día de conflicto entre los dos países de Oriente Medio.
La televisión estatal iraní pidió el martes a la población que eliminara "la aplicación WhatsApp de sus teléfonos móviles", alegando que recoge datos personales, incluida la localización de los usuarios, y "los pasa al enemigo sionista".
Ante esto, la aplicación respondió con contundencia y pidió respetar el derecho de las personas a comunicarse.
"Nos preocupa que estas noticias falsas puedan utilizarse como excusa para bloquear nuestros servicios, en un momento en el que la gente más los necesita", reaccionó en un comunicado un portavoz de WhatsApp, propiedad del grupo Meta.
"Todos los mensajes que envías a tus familiares y amigos en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que nadie, aparte del remitente y el destinatario, tiene acceso a estos mensajes, ni siquiera WhatsApp", recordó.
Y reiteró: "no proporcionamos información a ningún gobierno (...) durante más de diez años, Meta ha proporcionado informes de transparencia que incluyen las circunstancias puntuales en las que se ha solicitado información de WhatsApp".
A esto se le suma que el Ministerio de Comunicaciones iraní anunció el viernes, primer día de ataques cruzados entre ambos países, restricciones temporales de Internet en el país.
Debido a esto, muchos sitios web y aplicaciones son parcial o totalmente inaccesibles.
A su vez, las autoridades iraníes pidieron el martes a la población que "redujera al mínimo el uso de dispositivos conectados a Internet y adoptara las precauciones necesarias" en la red.
Los funcionarios y sus equipos de seguridad tienen prohibido utilizar cualquier dispositivo conectado a la red, incluidos teléfonos y relojes inteligentes, así como ordenadores portátiles, según una directiva.