Elon Musk acordó el lunes pagar un pequeño monto para poner fin a una demanda gubernamental que lo acusaba de violar normas del mercado al comprar secretamente acciones de Twitter antes de adquirir la plataforma, y renombrarla a X, por 44.000 millones de dólares en 2022.

El fideicomiso de Musk pagará una multa de 1,5 millones de dólares tras el acuerdo, que fue presentado ante una corte federal en Washington. El acuerdo aún debe ser aprobado por un juez.

El caso giraba en torno a una regla sencilla: cuando un inversor adquiere más del 5% de una empresa que cotiza en bolsa, está obligado por ley a revelar esa participación en un plazo de 10 días.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) afirmó en enero de 2025 que Musk se saltó ese plazo por 11 días mientras iba construyendo su posición en Twitter a comienzos de 2022.

El abogado de Musk, Alex Spiro, presentó el resultado como una reivindicación, afirmando que su cliente "ha quedado ahora exonerado de todos los problemas relacionados con la presentación tardía de formularios en la adquisición de Twitter, tal como dijimos desde el principio que ocurriría".

Spiro añadió en información revelada a la prensa que el acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos no es un arreglo "porque él (Musk) no hizo nada malo".

"El caso contra él fue desestimado", señaló Spiro, abogado del que es considerado el hombre con más dinero en el mundo y que es también dueño de Tesla y SpaceX.

Según la SEC, la demora de Musk le permitió seguir comprando a precios de ganga, ahorrándose una cifra estimada en 150 millones de dólares a costa de otros accionistas que vendieron sin saber lo que estaba ocurriendo.

Es importante mencionar que el reciente acuerdo con la SEC no obliga a Musk a devolver dinero que se ahorró.

Feroz competencia mundial por la IA

Pero este no es el único asunto legal que persigue a Musk, pues el magnate mantiene un intenso y mediático caso judicial contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, en un tribunal federal de Oakland, California.

Los abogados de Musk llamaron a declarar a Greg Brockman, presidente de OpenAI, con el fin de demostrar al jurado que los fundadores de OpenAI manipularon a su benefactor inicial para transformar una misión filantrópica en una empresa lucrativa valorada en cientos de miles de millones de dólares.

Brockman, cabe resaltar, es el aliado más cercano de Altman, el director ejecutivo y cofundador de OpenAI.

Musk pretende obligar a sus rivales a volver a ser una fundación sin fines de lucro. El resultado del caso podría marcar el futuro de OpenAI, el gigante de la IA generativa que ahora está valorado en más de 850.000 millones de dólares y se prepara para salir a bolsa.

Desde el principio, el abogado de Musk en ese caso, Steven Molo, consiguió que el ingeniero de 38 años, visiblemente tenso, reconociera que posee una participación en OpenAI valorada actualmente en 30.000 millones de dólares, sin haber invertido nada él mismo.

Si la jueza Yvonne Gonzalez Rogers da la razón a Musk, la salida a la bolsa de OpenAI podría verse comprometida, lo que cambiaría por completo la feroz competencia mundial por la IA.