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Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro, dictador venezolano
El escrito de la defensa de Maduro menciona que ambos acusados no cuentan con recursos propios para costear su defensa y apunta contra las sanciones de Estados Unidos.

El jueves, el equipo legal que representa al dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos la desestimación de los cargos en su contra, alegando "violaciones a sus derechos constitucionales".

El documento titulado “respuesta de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro a la oposición del Gobierno a sus solicitudes de desestimación de la acusación por la interferencia del gobierno de los Estados Unidos en sus derechos reconocidos en la sexta enmienda y al debido proceso legal” lleva fecha del 19 de marzo.

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La defensa argumenta que el gobierno estadounidense, a través de sanciones, ha bloqueado el uso de fondos del gobierno venezolano destinados a pagar sus abogados, lo que les impide "elegir libremente su representación legal".

Asimismo, el escrito de la defensa de Maduro menciona que ambos acusados no cuentan con recursos propios para costear su defensa.

Los abogados también cuestionan la "falta de coherencia en la aplicación de estas medidas", señalando que en otros casos similares sí se han permitido pagos legales por parte de terceros sancionados. Además, critican que el argumento de “seguridad nacional” utilizado por el gobierno de EE. UU. no ha sido debidamente justificado.

La defensa pide que el caso sea desestimado por estas supuestas violaciones, o que al menos se convoque una audiencia para examinar las pruebas y decisiones del gobierno.

Estos son los puntos clave del nuevo documento de los abogados de Maduro:

Bloqueo de pagos:

El documento señala que "la injerencia del Gobierno en el pago por parte de Venezuela de sus honorarios legales viola el derecho a elegir abogado, recogido en la Sexta Enmienda, y el derecho al debido proceso, recogido en la Quinta Enmienda".

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Según los juristas, las sanciones OFAC "interfieren con su derecho a contratar a un abogado de su elección, ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos".

Señalamientos sobre el Gobierno Trump:

Según la defensa, impedir esos pagos es "una interferencia directa en el proceso", pues alega que el Gobierno "actúa antes de la acusación formal con el fin de perjudicar la relación del sospechoso con su abogado tras la acusación, las acciones previas a la acusación se convierten en privaciones reconocibles de la Sexta Enmienda tras la acusación formal".

Comparan casos:

Los abogados de Maduro citan casos de la Corte Suprema (como Luis v. Estados Unidos) para argumentar que el gobierno no puede impedir el uso de dinero “legal” (no vinculado a delitos) para pagar abogados.

Esto pese a que sobre Maduro pesan graves acusaciones de delitos relacionados al narcotráfico y otros y que expertos mencionan que el dinero con el que contaba Maduro proviene netamente del saqueo al Estado venezolano.

No aceptan lo que EE. UU. propone:

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Los abogados señalan que la "solución ofrecida por el Gobierno de poder usar un abogado de oficio, no es solución alguna".

"Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no han elegido no es, por definición,
remedio alguno para una violación de su derecho a un abogado de su elección. La única solución es la desestimación, ya que este Tribunal no puede permitir que este caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro", menciona.

La seguridad nacional:

Aunque el gobierno de Estados Unidos justifica su acción con razones de seguridad nacional, la defensa del tirano dice que ese argumento es vago y no está justificado.

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"El argumento de la emergencia de seguridad nacional que invoca el Gobierno, sin dar explicaciones, tiene aún menos fundamento ahora que el Gobierno ha normalizado las relaciones con el Gobierno de Venezuela y ha reconocido al actual Gobierno venezolano", señala.

Lo que piden los defensores del dictador:

Los abogados alegan que "la Sexta Enmienda garantiza el derecho del acusado "a contar con la asistencia de un abogado para su defensa'".

Por ende, señala que "la Sra. Flores de Maduro solicitan respetuosamente a este Tribunal que desestime la cuarta acusación sustitutiva formulada contra ellos. Subsidiariamente, solicitan una vista probatoria sobre esta moción".

Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores by Felipe Duarte


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