Juez procesa a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue procesada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El juez Juan Carlos Peinado, quien tomó la decisión tras dos años de investigación contra la esposa del presidente del gobierno, dejó fuera un quinto delito, el de intrusismo profesional por el que también era investigada.
“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”, indica el escrito.
Peinado señaló que Gómez se aprovechó presuntamente de su relación con Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios e impulsar su carrera privada especialmente tras asumir la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM).
De acuerdo con la acusación, Gómez contrató a María Cristina Álvarez con salario público para asistirla tanto en actividades profesionales como privadas y, desde 2018, habría cobrado 361.423,40 euros brutos desde su cargo en la Moncloa.
La investigación señala que la esposa de Sánchez inscribió a su nombre la marca TSC y el dominio http://transformatsc.org y comenzó a crear una sociedad con ese mismo nombre en noviembre de 2023.
De acuerdo con la acusación, el software de la Cátedra se financió con recursos públicos y privados: Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros contribuyeron con más de 300.000 euros, y la Universidad Complutense calcula un daño patrimonial de al menos 108.765,79 euros.
María Cristina Álvarez Rodríguez intervino en la gestión y seguimiento de los proyectos del software de la cátedra y actuó como representante de la Cátedra TSC empleando el correo institucional de la Moncloa, lo que según la acusación servía para dar “apariencia institucional al proyecto y dar más fuerza a las peticiones”.
Entretanto, el empresario tecnológico, Juan Carlos Barrabés Cónsul, habría colaborado en la creación y asesoría de la cátedra y recibido cartas de recomendación firmadas por Gómez.
