Estados Unidos permitirá al régimen venezolano pagar la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores con fondos públicos
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones y dio luz verde para que la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación en Caracas, Venezuela, pueda recibir pagos de los fondos públicos del régimen venezolano.
En una misiva presentada ante el tribunal federal de Manhattan, Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, señaló que el Departamento del Tesoro emitió licencias que permitirían a los abogados defensores del dictador y su esposa recibir pagos desde su país.
Cabe recordar que el Departamento del Tesoro bloqueó los fondos dadas las sanciones que recaen sobre el régimen de Nicolás Maduro, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.
En febrero pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, que desestimara el caso porque las sanciones de Estados Unidos impedían al régimen venezolano pagar sus honorarios legales.
Pollack afirmó que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a contar con el abogado de su elección.
Hellerstein declaró en una audiencia judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que el Gobierno de Donald Trump estuviera justificado al bloquear los pagos.
El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Wirshba también señaló que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque el poder ejecutivo, y no el judicial, es el encargado de la política exterior.
Hellerstein, por su parte, señaló que Estados Unidos había relajado las sanciones a Venezuela desde la captura de Maduro.
"El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional", dijo Hellerstein, un juez nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton. "El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional".
