Este fue el argumento de España para descartar la investigación contra los venezolanos Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres
La justicia de España rechazó este martes admitir a trámite una querella que pide investigar por crímenes de lesa humanidad a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz y al exministro Miguel Rodríguez Torres, ambos desertores del chavismo y asilados en territorio español.
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La Audiencia Nacional considera que carece de "competencia jurisdiccional" por presunta violación de derechos humanos cometidas durante sus gestiones en Venezuela, además recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) ya está investigando estos delitos.
Según el juez, el testimonio de la principal demandante no cumple todos los requisitos para "otorgar veracidad", y también apunta que se basan en informaciones de carácter periodístico, indicó a EFE.
"La notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando un conjunto de hechos que deben ser calificados como un delito de torturas o contra la integridad moral, sin que pueda estimarse, en este sólo hecho, la calificación inicial que pretende realizarse acerca de la concurrencia de un delito de lesa humanidad".
La autoridad judicial destaca que los presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral habrían sido cometidos fuera de España contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide a la Audiencia Nacional investigarlo.
Ambos exfuncionarios chavistas permanecen asilados en España, y fueron denunciados el pasado 5 de mayo por la opositora Dulce Bravo, representada por la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), la asociación que presentó también una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabó siendo rechazada.
Bravo es una venezolana de 57 años de edad que permanece refugiada en Argentina desde 2013, que también es respaldada por la organización Manos Limpias, que se adherirá a la demanda.
La opositora relató las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al régimen chavista que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.
