Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal
Este martes, 21 de octubre, en medio de la lectura del fallo en segunda instancia en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió absolverlo en el caso por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Previamente, el tribunal había declarado la vulneración de derechos e ilicitud en una de las pruebas clave del proceso.
Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.
Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.
El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”.
Posteriormente, el tribunal tumbó el delito de soborno en actuación penal.
Durante la lectura del fallo, el tribunal lanzó duros cuestionamientos a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó en primera instancia.
Tras la decisión, el abogado Miguel Ángel del Río anunció que llevarán el proceso a casación en la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que deberá pronunciarse en última instancia sobre el proceso.
El caso Uribe:
El caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.
Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.
Pero en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.
Posteriormente, en el año 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el hecho mencionado anteriormente, situación que llevó a que diera un paso al costado en el ámbito político, pues en aquel momento ejercía como senador. Allí su caso pasó a ser manejado por la justicia ordinaria.
Tras los cuestionamientos y falta de garantías expuestas por Uribe Vélez, una jueza decidió para 2022 que el caso debía continuar bajo una nueva jurisdicción y con el exmandatario en libertad.
En mayo de 2024, Uribe Vélez fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación y, finalmente, el 28 de julio de 2025, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente de Colombia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de prisión.
