Cámara de Representantes de Colombia aprueba la reforma pensional del Gobierno Petro
El sábado la Cámara de Representantes de Colombia aprobó por segunda vez una reforma pensional devuelta por la Corte Constitucional para subsanar un vicio de procedimiento con una nueva discusión y votación que permita su implementación.
La reforma, una de las principales promesas de campaña del presidente izquierdista Gustavo Petro, fue aprobada por 97 votos a favor y uno en contra.
"Avanzamos hacia una reforma pensional que hará realidad el derecho a una vejez digna", dijo en su cuenta de X el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Ahora, pese a la aprobación, la reforma deberá pasar un examen en el alto tribunal que definirá si su implementación es compatible con la Constitución.
Un año antes, la reforma había sido aprobada pero fue demandada con el argumento de que la cámara autorizó el texto avalado por el Senado sin un debate de fondo.
La reforma de Petro busca fortalecer la administradora estatal Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones, entre otras medidas.
La iniciativa mantiene en 62 años la edad de pensión para los hombres con 1.300 semanas de aportes y en 57 años para las mujeres, aunque a ellas les reduce hasta 850 las semanas en casos especiales por la cantidad de hijos nacidos.
Asimismo, este proyecto obliga a todos los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, unos 3,2 millones de pesos (799 dólares) a hacer sus aportes de pensión a la compañía estatal Colpensiones.
Los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 continuarán en el sistema actual y no estarán obligadas a aportar en Colpensiones.
Recientemente el Senado aprobó una reforma laboral en medio de la amenaza de Petro de convocar a una consulta popular por decreto.
En medio de las críticas sobre el fondo de la reforma, Petro celebró:
"Hemos triunfado. Que vivan las abuelas y abuelos de Colombia. Ha sido aprobada la reforma pensional. He cumplido, y la Cámara de Representantes ha cumplido", dijo.
Expertos y sectores políticos de oposición, por su parte, arremetieron contra el proyecto advirtiendo "vicios de trámite".
