Provea advierte: "Es inviable un país asediado por la represión, la desigualdad y el desmantelamiento institucional"
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un informe en el que señala que se mantiene una escalada represiva en el país tras las elecciones presidenciales de 2024, mientras incrementa la desigualdad social en la población, además del poco acceso a la justicia y la falta de institucionalidad.
"Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática".
Para provea, estos factores incrementan la crisis sociopolítica en el país.
"El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente", señala la organización.
El documento además denuncia que en el país proliferan negocios criminales bajo la mirada del Estado.
"Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible (...) Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución".
Resalta la escalada sin precedentes que ha tenido el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe en los que han sido hundidas al menos cuatro embarcaciones.
"Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca (...) A la luz del derecho internacional, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles".
Recuerda que la lucha contra el narcotráfico debe cumplir con estándares internacionales para garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos humanos.
Alerta que "es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global".
No obstante, a juicio de Provea, resulta paradójico que el régimen de Maduro pida a la ONU velar por la soberanía de Venezuela, un año después de que el chavismo expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país".
Explica que ante estos escenarios se ha aumentado el control y la militarización en el territorio, donde reinan el autoritarismo y los abusos.
"Da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales".
"Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población".
