Maduro desaparece deliveradamente el sueldo mínimo y se apalanca en bonos para evitar estos cálculos
El último incremento del salario mínimo en Venezuela fue la primera semana de marzo de 2022, luego de distintas protestas por parte de trabajadores en todo el país en el que exigían un pronunciamiento de Nicolás Maduro.
Pero desde entonces, el gobernante lo que ha hecho cada año es incrementar "el ingreso mínimo integral de los trabajadores" con bonos que transfiere a través de lo que se conoce como el Sistema Patria, algo que ha sido denunciado como un arma de control político.
Aunque él mismo ha dicho que el total de todos los bonos que transfiere suman 160 de dólares, hasta agosto de 2025, ha dejado el salario base vigente, sin más cambios que el de la inflación que lo devora.
Sin ese sueldo "base", desaparece el monto del salario y la pension, y en consecuencia se elimina automáticamente todo cálculo en materia laboral.
Esto es: prestaciones sociales, bono vacacional, caja de ahorros, aguinaldos, utilidades, y todo tipo de percepción salarial por las constantes y frecuentes subidas del dólar oficial, o dólar Banco Central.
Este sueldo también sirve de referencia a las empresas privadas para hacer pagos y cálculos de beneficios, pero en los actuales momentos, cada una ha debido diseñar su propio sistema laboral.
En este escenario tan gris, el que pierde es el trabajador.
Los trabajadores y jubilados han denunciado que los han dejado "sin poder adquisitivo y sin patrimonio laboral".
"El gobierno se niega aumentar los salarios y pretende frenar las acciones reivindicativas con represión, intimidación, acoso y cárcel de los dirigentes sindicales trasgrediendo sus espacios naturales de lucha, y dejando un vacío de estado de derecho que no garantiza la actividad sindical de defensa de los derechos laborales", es lo que se recoge de distintos reclamos que han hecho, especialmente en las protestas de Caracas.
En Venezuela además se ha criminalizado el reclamo salarial.
De hecho, el país repite por segundo año consecutivo en el nivel más bajo del Índice Global de Derechos (IGD) de la Confederación Sindical Internacional (CSI), debido a la ausencia de garantías y derechos laborales, además de la represión sindical, criminalización de la disconformidad laboral y ausencia de instituciones que protejan a los trabajadores.
La clasificación en nivel 5, la comparte con países como Belarús, Camboya y Myanmar donde las detenciones arbitrarias de agremiados.
