Fiscalía de Colombia acusó como presunto responsable de "prevaricato por acción" al excanciller Álvaro Leyva
Este jueves la Fiscalía General de la Nación de Colombia acusó de manera formal al excanciller y exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, como “presunto responsable del delito de prevaricato por acción”.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar una licitación cuyo objeto era “la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes”.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios han demostrado que el excanciller “extralimitó sus funciones” con la finalidad de “obstaculizar la licitación 001 de 2023”, con la cual habría buscado favorecer a la empresa Thomas Greg and Sons.
“Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos”, expresó.
El ente judicial indicó que “en un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos”, pero las cosas cambiaron una vez se había programado la “adjudicación pública”.
Según la Fiscalía General de la Nación, al momento previo de llevarse a cabo la adjudicación, Álvaro Leyva Durán hizo uso de sus funciones declarando desierto el proceso el mismo día.
“El 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente”, señaló.
Frente a esta situación y pese al “recurso de reposición” que interpuso en aquel momento el representante de la unión temporal, el exministro de Relaciones Exteriores “mantuvo la decisión impugnada”.
Posteriormente, Leyva Durán “expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio”.
Frente a estos actos, la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia manifiesta que “estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país”.
