Congreso salvadoreño prolongó tiempo en el que presuntos pandilleros pueden estar detenidos sin juicio
Este viernes, el Congreso de El Salvador, prolongó la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros, al menos hasta 2027, para que la fiscalía presente las acusaciones con miras a la realización de unos 600 juicios masivos.
La medida hace parte de una reforma a la Ley de Crimen Organizado aprobada 10 días antes de vencer el plazo que tenían las autoridades para tener tras las rejas a 88.750 personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, señaladas de ser pandilleros o cómplices.
57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña acordaron permitir a la Fiscalía General que presente las acusaciones en un plazo "de 24 meses", aunque también incluye la posibilidad de que un juez le otorgue una prórroga de 12 meses.
El plazo que vencía el 25 de agosto correspondía a dos años dados a la Fiscalía para presentar las acusaciones, pero muchos están detenidos desde que empezó el régimen de excepción en marzo de 2022, en virtud de otras reformas parciales a la ley.
Para presentar las acusaciones, la Fiscalía hará "el agrupamiento de imputados en una sola causa" por células de pandillas. Las principales son Barrio 18 y la Mara Savatrucha (MS-13), esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos.
Varias ONGs que cuestionan a la administración de Nayib Bukele precisan que, de los 88.750 detenidos, unos 15.000, con tatuajes de la MS-13 y Barrio 18 están presos en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), pero decenas de miles más están en prisiones de mediana y máxima seguridad en "condiciones de hacinamiento".
Bukele, a quien hace dos semanas el Congreso le dio vía libre a una reelección indefinida, asegura haber hecho de El Salvador el país más seguro del hemisferio occidental con el estado de excepción.
También llamado ‘régimen de excepción’ es un derecho estipulado en la Constitución de El Salvador. De acuerdo con la carta magna del país centroamericano, ese instrumento jurídico permite al Estado suspender temporalmente determinados derechos constitucionales en circunstancias extraordinarias.
Además, la figura legal faculta a las autoridades salvadoreñas para tomar medidas especiales cuando se producen situaciones que alteran significativamente el orden público o la estabilidad nacional.
