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Estado de excepción

Qué significa el decreto de conmoción externa que da poderes especiales al régimen de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro | Foto EFE
El régimen de Nicolás Maduro activó un decreto de conmoción externa que permite restringir libertades, militarizar sectores estratégicos y ampliar el control del chavismo sobre el país.

La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que cualquier “agresión externa” incluyendo una eventual incursión militar de Estados Unidos activaría de "inmediato" el decreto de conmoción externa.

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Esta figura, contemplada en la Constitución venezolana, otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y permite suspender temporalmente varios derechos ciudadanos.

De acuerdo con la normativa, durante un estado de conmoción externa solo quedan garantizados derechos intangibles como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el debido proceso.

Sin embargo, el resto de las libertades puede ser restringido, lo que abre la puerta a limitaciones de movilización, expresión y reunión.

Según reportó Infobae, el decreto concede al chavismo la posibilidad de militarizar servicios públicos, controlar industrias estratégicas incluyendo hidrocarburos y empresas básicas y administrar recursos de manera forzada.

En la práctica, significaría un control absoluto sobre sectores productivos, sociales y políticos del país.

El decreto adquiere rango y fuerza de ley desde el momento de su emisión, siempre que se publique en la Gaceta Oficial. Sin embargo, hasta ahora Nicolás Maduro no lo ha hecho público.

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Por mandato legal, el presidente debe presentar un texto con las razones que justifican la medida ante la Asamblea Nacional dominada por el chavismo y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en un plazo máximo de ocho días para su aprobación o rechazo.

En caso de ser declarado formalmente, el estado de conmoción externa tendría una vigencia inicial de 90 días, prorrogables una sola vez por un período igual. Aunque la Asamblea tiene la facultad de revocar el decreto, la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela hace improbable que esto ocurra.


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