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Viernes, 05 de diciembre de 2025
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Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ambos exfuncionarios estuvieron de acuerdo en que la medida "ha sido la más efectiva cuando se hace bien direccionada".

Luego de la descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos a Colombia, varias propuestas comenzaron a surgir para atender los compromisos antinarcóticos sobre los que el presidente Donald Trump señaló que hubo incumplimientos por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

Ante el crecimiento histórico de los cultivos de coca, algunos sectores políticos como el del expresidente Iván Duque, han planteado reactivar la fumigación aérea con glifosato y otros herbicidas, pese a que otros consideran que dicha tecnología puede representar un riesgo para el país.

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Diego Molano, exministro de Defensa y exdirector general del Departamento de Acción social y Cooperación Internacional de la presidencia de la República de Colombia, y Wilson Ruiz, precandidato presidencial y exministro de Justicia, hablaron sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

"Definitivamente la decisión en el Acuerdo de Paz de La Habana de suspender la aspersión aérea rompió una trayectoria de disminución acelerada de cultivos ilícitos que tenía Colombia en la década anterior a la firma del acuerdo", aseguró Molano.

El exministro explicó además que la aspersión aérea y toda la política de erradicación forzosa y de desarrollo alternativo funcionaron en su momento porque se articularon "de una manera muy organizada y coordinada entre Estados Unidos, las fuerzas militares y la policía antinarcóticos" de Colombia.

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"En la administración del presidente Duque logramos volver a retomar la erradicación manual y comenzar a disminuir otra vez el hectareaje de coca, pero La Paz Total con los ceses al fuego pactó básicamente la salida de las fuerzas militares y la policía en más de 600 municipios colombianos donde hay presencia de coca y donde se dividieron las operaciones nuevamente", aseguró Molano.

El integrante del Gobierno de Duque en su momento lamentó que el país volviera a "la terrible cifra de 300 mil hectáreas de coca", pues representan "la fuente y la gasolina fundamental de la violencia que hoy afecta a los colombianos".

Ruiz, por su parte, dijo que no había que negar que Colombia "sigue siendo rehén del narcotráfico, uno de los peores males de la humanidad" y consideró que los campos, que deberían de producir alimentos, "una riqueza que es legítima", están "definitivamente dominados por la coca" cuya producción termina en un 66% el exterior.

El exfuncionario señaló que "no sembramos para nosotros", sino que se trabaja para sostener un mercado internacional que "infortunadamente nos condena". "El narcotráfico no solo envenena a otros países, también considero que destruye el nuestro", mencionó.

Respecto a la medida de fumigación aérea con glifosato y otros herbicidas, ambos estuvieron de acuerdo en que "ha sido la más efectiva cuando se hace bien y bien direccionada".

Molano expuso que era necesario disminuir las hectáreas de coca, pues su incremento ha representado un peligro para las fuerzas militares por la manera en que el narcotráfico empodera a los grupos criminales.

También se refirió al riesgo que corren los campesinos y el daño que le causa a las selvas a largo plazo la producción de la coca.

"Tanto que habla este gobierno, el presidente Petro, del cambio climático y que la producción de petróleo… cuando realmente lo que en Colombia afecta al cambio climático es la deforestación. Ya están acabando con las selvas colombianas porque ellos destruyen la selva para cultivar la coca y luego destruyen una selva que hoy, precisamente, es supuestamente el mayor activo ambiental que tienen los colombianos", expresó Molano.

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El constitucionalista colombiano Juan Manuel Charry explicó también en La Noche que, para que se puedan implementar nuevamente las aspersiones aéreas, tendrían que cumplirse los estrictos requisitos que exige la Corte Constitucional para llevarlo a cabo o, en su defecto, buscar modificarlos jurisprudencialmente.

"Los requisitos están destinados a evitar un impacto del herbicida en la salud de la comunidad y en otros cultivos (…) algo que en mi opinión es muy criticable porque el glifosato es un herbicida que se utiliza en otros cultivos agrícolas sin tantas limitaciones como se han puesto en el caso de los cultivos ilícitos", manifestó Charry.


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